La economía verde busca un desarrollo sostenible por medio del uso eficiente de los recursos, uso de tecnologías bajas en carbono y la inclusión social, procurando el bienestar de todas las personas bajo los límites ecológicos del planeta. En este modelo se interesa en optimizar la producción y aumentar el reciclaje y reutilización de todo lo producido, para disminuir la cantidad de desechos y la huella de carbono.

Pero el desafío no es solo económico, sino también a nivel de una planificación urbana y la creación de instrumentos legales innovadores que nos permitan construir, como sociedad, ciudades “inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

La planificación urbana es una herramienta básica para enfrentar los graves retos que nos impone el cambio climático y crear condiciones propicias para garantizar la sostenibilidad de la vida en las ciudades.

Sabemos que es posible avanzar hacia una gestión y planificación responsable del territorio, donde cada actor social e institucional y cada persona, asuma su papel y se haga cargo de la porción del problema que le corresponde, con lo cual podremos proteger a las comunidades más vulnerables y evitar crear nuevas condiciones de vulnerabilidad futura.

Por su parte dada la importancia de las las normas y los reglamentos que nos ofrecen seguridad jurídica para caminar hacia esa economía verde y esa planificación urbana, es que el proyecto Transición hacia una economía verde urbana genera espacios de conversación y concertación técnica y política, pluripartidista, multiactor y multinivel, para avanzar en la creación de instrumentos normativos y de política pública, tanto de alcance local como nacional, que permita lograr las transformaciones urgentes y sostenibles en el tiempo que requieren nuestras ciudades.